En el futuro los Ayuntamientos, especialmente los más grandes, tendrán un reto importantísimo en la gestión del ambiente y en el incremento de la concienciación ciudadana ambiental asi como un mayor protagonismo en hacer posible y real el derecho al medio ambiente adecuado que proclama la Constitución. Esta es una de las principales conclusiones derivadas de la tesis "El Medio Ambiente en la Constitución de 1.978 y el papel de la Administración Local en la efectividad del derecho constitucional al medio ambiente: La experiencia de la ciudad de Córdoba", realizada por Angel B. Gómez Puerto, colaborador del área de Derecho Constitucional de la UCO y ex miembro de Consejo de Administración de SADECO, quien señala como grandes retos de la gestión municipal la consecución y gestión del ciclo integral del residuo- para lo que es necesaria la implicación de la ciudadanía - la implementación de planes municipales de educación ambiental y la elaboración de planes estratégicos de medio ambiente urbano.

Dentro de este marco el papel de la Administración local y la experiencia municipal cordobesa conforman la parte más atractiva del trabajo, con referencias a medidas como la selección de residuos urbanos que se hace en los hogares cordobeses y a través de contenedores en las vías urbanas, con objeto de facilitar su posterior tratamiento y transformación, al ciclo integral del agua o al Servicio de Educación Medioambiental por el que han pasado a lo largo de 2004 más de 14.000 alumnos de Primaria y Secundaria y 5.000 adultos.

Para Gómez Puerto el hecho de que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puedan promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, es fundamental a la hora de gestionar el medio ambiente urbano. El control preventivo y la elaboración y aprobación de ordenanzas para la protección del medio ambiente y la consecución de un desarrollo sostenible son cada vez más necesarias en una serie de campos como el del ahorro energético, la contaminación por ruido, la conservación del paisaje, la emisión de gases con efectos invernadero etc...…

El trabajo hace, además, un recorrido por los orígenes de la regulación medioambiental en Europa, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, analizando las distintas formulaciones de la política comunitaria en este terreno hasta la última concreción que de sus objetivos generales se hace en el Tratado Constitucional para la Unión Europea. Por lo que respecta a España, la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo de 1972, está en el origen del artículo 45 de la Constitución de 1978 donde se establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado junto al deber de conservarlo, la utilización racional de los recursos naturales y sanciones de tipo penal y administrativo para quienes atenten contra él, materias todas ellas que son detenidamente analizadas por el autor.

Otra de las cuestiones que se abordan en la investigación es el reparto de competencias medioambientales entre las distintas instancias administrativas. Salvando las que son competencia exclusiva del Estado, las comunidades autónomas pueden asumir muy variadas competencias en materias como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, los montes y aprovechamientos forestales o la gestión de la protección del medio ambiente, entre otras. Esta descentralización administrativa es en ocasiones fuente de conflictos. Las competencias de Andalucía vienen establecidas en los artículos 13 y 15 de su Estatuto de Autonomía con un amplio desarrollo legal y reglamentario.

En conjunto el autor estima que en nuestro país se ha avanzado significativamente en este ámbito y que, tanto el derecho a un medio ambiente adecuado y coeniendo, en todos los niveles, pero particularmente en el autonómico y el local, mucha proyección y especial desarrollo.

La tesis, dirigida por el profesor de Derecho Constitucional Miguel Agudo y realizada dentro del programa de doctorado " Derecho Público y Económico", recibió la calificación de sobresaliente.